Luego de una larga ausencia por la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió ayer a protagonizar un anuncio en Casa Rosada, respaldado por los once integrantes del Consejo de expertos que le propondrán cambios para mejorar” el funcionamiento de la Corte Suprema, que tuvo como única representante a la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, y presentar el proyecto de Reforma de la Justicia elaborado por el Poder Ejecutivo. Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Fernández postuló un nunca más” a la justicia utilizada para saldar discusiones políticas” y pidió que esté en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.
Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron”, expresó el Presidente, acompañado además por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.
A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) volvió a quedar bajo un manto de sospecha” con el permiso que se le otorgó para manejar fondos reservados” y participar de pesquisas judiciales”.
Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, remarcó el mandatario. Consideró, en contraposición, que el sistema judicial debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia”. Y consideró que nadie debe sorprenderse” de la propuesta de su gobierno porque -recordó- en varias oportunidades, antes de asumir y al inaugurar la Asamblea Legislativa, anticipó su objetivo de consolidar una justicia independiente”.
La iniciativa propone unificar y duplicar los juzgados federales
El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Estos tribunales actuarán con una de las dos secretarías que actualmente tienen y la restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para terminar de conformar el nuevo fuero.
Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal. Apunta además a fortalecer” la justicia federal en el interior del país en base a un proyecto presentado durante el gobierno anterior ante el Senado por los integrantes del PRO Humberto Schiavoni, Federico Pinedo y Luis Naidenoff. La iniciativa comenzará a ser debatida por la Cámara alta del Congreso, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que minimiza cualquier riesgo parlamentario.
Negri y Ritondo ratificaron sus críticas
En línea con el rechazo en bloque del martes último consensuado tras el encuentro virtual de los principales dirigentes de la coalición, diputados de Juntos por el Cambio volvieron ayer a darle la espalda a la presentación del proyecto de reforma judicial y la convocatoria a un consejo asesor destinado a revisar, entre otras cuestiones, la integración de la Corte, el punto más resistido de la fuerza opositora.
Analizaremos con máximo rigor la reforma, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la ‘democratización de la Justicia’, aquel intento burdo de politización de la misma. Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, aseguró Mario Negri, el jefe del interbloque opositor en la Cámara baja, en sus redes sociales. La prioridad pasa ahora por superar los efectos nocivos de la cuarentena (…) la reforma judicial puede tratarse en otro momento”, remarcó por su parte Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO.
Un Consejo destinado a repensar” la Corte
Del acto participaron los once miembros del Consejo Consultivo: Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Carlos Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo. Según se indicó, los once juristas asesorarán al Presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros.
De esas recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso deberá debatir, explicó Fernández, y advirtió: Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado”. El Consejo comenzará a funcionar el próximo 18 de agosto y deberá cumplir las funciones encomendadas por el decreto, dentro del plazo de 90 días.
