La Dirección Nacional de Vialidad se presentará ante la justicia federal en busca de ser tenida por parte querellante en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018, informaron hoy fuentes judiciales y de ese organismo.
Se trata de la causa en la que están Imputados el exministro de Tranporte Guillermo Dietrich, su par de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Energía Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, que estaban procesados hasta la semana pasada, cuando la Cámara Federal porteña anuló esa situación y les dictó la falta de mérito.
Por decisión del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, desde Vialidad Nacional ya se contactaron con el juzgado federal 12, a cargo interinamente de Julián Ercolini, para solicitar información sobre las vías adecuadas para formalizar una presentación por vía remota, según confirmaron a Télam las fuentes consultadas.
El organismo, que tiene como administrador general a Gustavo Arrieta, presentará un escrito de 8 páginas en el que pedirá ser tenido por querellante bajo el argumento de que fue directamente afectado por los delitos que se investigan por «ser la autoridad de aplicación de los mencionados contratos de concesión».
La decisión tiene por objetivo dar impulso a la investigación que tiene como fiscal a Carlos Stornelli y que no posee querellantes particulares, más allá de que también la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser considerada en esa condición en el expediente.
«Por los acuerdos integrales de renegociación denunciados y que fueran aprobados en el año 2018 se les reconoció a las empresas (24 años después y a poco de vencer sus contratos por ende las concesiones) mediante una maniobra que encubriría una adjudicación directa, es decir un nuevo contrato de concesión, la suma de U$S 499.000.000», recuerda el escrito de Vialidad.
«La maniobra instrumentada, estructurada sobre un andamiaje de compensación y condonaciones de multas y penalidades, requiere sin dudas del conocimiento de las máximas autoridades para su realización, que justamente resultaban los que tenían intereses manifiestos en las empresas concesionarias», sostiene la presentación judicial.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio.
De esa forma, lograron que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
Cuando los procesó, a fines de julio pasado, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral sostuvo que tanto Dietrich como Iguacel, que por entonces era el titular de Vialidad, y Saravia Frías habrían actuado «direccionando toda negociación y contratación» para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri.
A Dujovne lo encontró responsable de omitir «intencionalmente intervenir en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia».
La pesquisa gira en torno a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas concesionarias por inversiones supuestamente realizadas «pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida», según consta en el expediente.
Canicoba Corral había remarcado que para justificar el reconocimiento de una presunta deuda a las empresas beneficiadas se utilizó una «supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)» en base a una demanda contra la Argentina «que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable».
La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que el expresidente asumiera en el cargo, sirvió -según la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
