El Gobierno de Chile pidió ayer la extradición inmediata del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien fue arrestado en la mañana de ayer en El Bolsón durante un operativo de la Policía de Río Negro, luego de permanecer casi un año prófugo de la Justicia chilena. Inmediatamente, Interpol emitió una circular roja para asegurar la detención preventiva con fines de extradición del líder mapuche, que fue apresado en una vivienda en el barrio La Esperanza en estado de ebriedad.
“Tenemos un plazo corto de 24 horas por los delitos ordinarios, pero para sostener la detención necesitamos que Chile pida la extradición”, había advertido la ministra rionegrina de Seguridad, Betiana Minor, en referencia a la detención de Huala por intrusar el quincho de la vivienda donde fue encontrado por la policía de Río Negro. Si Interpol no emitía la circular roja, el dirigente mapuche podía llegar a quedar en libertad en las próximas horas.
Algo que no ocurrirá puesto que el Gobierno chileno pidió ayer mismo la extradición inmediata del líder de la Ram, al aseverar que “nos interesa que no haya impunidad ni de este, ni en ningún caso”, en palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El líder mapuche fue condenado por la justicia chilena a nueve años de prisión por “ataques incendiarios y porte de armas”, aunque tras haber estado en prisión un tiempo, recibió el beneficio de la libertad condicional hasta que, en febrero del año pasado, la Corte Suprema del país trasandino ordenó nuevamente su aprensión.
Según la información oficial, el arresto de Huala se concretó tras una investigación de varios meses realizada por la fuerza de seguridad rionegrina, que lo encontró “escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza”. Según informó la propia gobernadora Arabela Carreras, “estaba solo, en estado de ebriedad, en el interior de una vivienda que había tomado por la fuerza”. Al parecer, no opuso resistencia al arresto. La mandataria aseguró que el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial ya está tramitando el procedimiento para que Huala pueda ser extraditado a Chile.
Por lo pronto, la noticia fue celebrada por dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), que salieron a afirmar que “hay un delincuente menos suelto”. “Quiero felicitar a la Policía de Río Negro (…). En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito, y los delincuentes tienen que estar tras las rejas”, afirmó el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno porteño, Waldo Wolff.
Alerta en la marcha a Lago Escondido
Más de 1.000 personas de 120 organizaciones intentarán llegar hoy a Lago Escondido, enclavado en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, en la Séptima Marcha por la Soberanía para reclamar un acceso público al espejo de agua.
Con dos columnas, la protesta intentará llegar a orillas del lago para denunciar que en esa zona existe un “enclave británico” que funciona como “la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia”.
Sin embargo, los organizadores temen que se repitan hechos de violencia ya que “en todas las marchas anteriores, a medida que íbamos entrando a la zona del lago, la forma de pararnos era con hechos de violencia y agresiones”, según denunció Julio Urien, de la fundación Fipca.
A su vez, los gremios de la CTA Autónoma, Ate y otras organizaciones que participan de la protesta alertaron que, por decisión de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras, no se enviará policía a la marcha.
“La decisión del Gobierno es muy grave. El hostigamiento de patotas es un antecedente que puede repetirse”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE.
