El legislador y ex ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, solicitó a la Legislatura de Córdoba que apruebe su licencia en su cargo para ser apartado de su banca hasta que el caso se esclarezca y el no cobro de los haberes hasta tanto se expida la Justicia, tras la denuncia por violencia de género en la que está involucrado.
«Como es de dominio público, la Fiscalía de Género y Violencia Familiar, del Segundo Turno, a cargo del doctor Gerardo Reyes, investiga un caso de su competencia en el que maledicentemente se pretende involucrarme. Ante ello, y fiel a mis convicciones inalterables de repudio ante este ignominioso flagelo, las que comparto plenamente con mi letrado, el doctor Carlos Nayi, adalid en toda su intachable trayectoria como abogado de los derechos de las víctimas, solicito al cuerpo legislativo me conceda una licencia sin goce de haberes hasta el total esclarecimiento del hecho que se investiga, del cual reitero una vez más soy absolutamente ajeno», anunció Mosquera.
El legislador de Hacemos por Córdoba declaró que «los funcionarios públicos tenemos ante la sociedad responsabilidades superiores que deben ser honradas y actuar en consecuencia, despojándonos de cualquier investidura que pueda interpretarse como situación de ventaja o privilegio, cuando en realidad ser legislador sólo otorga obligaciones, las que deseo asumir cabalmente».
En ese sentido, solicitó su propio apartamiento del cuerpo legislativo «para colaborar de manera irrestricta con el total esclarecimiento de los hechos y fundamentalmente acompañar a mi querida esposa y a mi familia en estas horas de angustia», según expresó.
Nayi, abogado defensor de Mosquera, dijo este lunes que el legislador admitió que existió una relación sentimental con la denunciante y negó los hechos de violencia.
Previamente a que se conocieran los allanamientos, Mosquera había desmentido públicamente las acusaciones a través de su cuenta de Twitter, utilizando el hashtag #FAKENEWS y expresando su repudio a la violencia intrafamiliar y de género.
La noticia se hizo pública días atrás cuando el fiscal Reyes ordenó allanamientos y secuestros de teléfonos celulares como parte de esta investigación, que habría sido presentada por una mujer policía.
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