En respuesta a una demanda concreta de los choferes y permisionarios de taxis, la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de la ciudad aprobó en la víspera un proyecto de ordenanza tendiente a incrementar el valor de las multas al transporte ilegal, apuntando con especial énfasis hacia los particulares que sigan haciendo uso de Uber. La iniciativa del concejal oficialista Lucas Cavallo impulsa la restitución de los artículos 82 y 83 de la ordenanza 12.859 (marco regulatorio del sistema de autos de alquiler con chofer), que determinan sanciones “a particulares que trasladen pasajeros a título oneroso” y que “deriven viajes” por fuera de esta norma, pero aumentando el monto de las multas al cambiar las bajadas de bandera previstas como sanciones por unidades económicas municipales (UEM).
De tal manera, el proyecto prevé que los infractores serán sancionados con la suma de 150 UEM (cada UEM equivale a ocho litros de nafta súper YPF). En el caso de una primera reincidencia, la multa será de 300 UEM y para la segunda de 500 UEM, con la inhabilitación para el titular del vehículo o quien resulte responsable para ser titular de la licencia de conducir. En tanto, el artículo 83 establece multas a aquellos que deriven viajes y/o transportaren pasajeros por fuera del marco regulatorio, de hasta 700 UEM. Consultado al respecto, Jorge Montes, referente del grupo de permisionarios de taxis, manifestó su conformidad con las modificaciones aprobadas.
“Se han agregado cosas muy importantes, como el aumento en el valor de las multas, pero lo más trascendente es que después de la segunda reincidencia de la misma persona, deberá pagar una multa que estaría en alrededor de 120.000 pesos y se le suspendería el carnet”, precisó en diálogo con este diario. “A la tercera multa, que sería de 480.000 pesos, directamente se le retiraría el carnet y no podrá tener ninguna licencia de conducir a nivel nacional por cinco años”, recalcó Montes.
