Se trata de un espacio que durante la última dictadura cívico-militar funcionó como un centro clandestino de detención sobre el que pesan denuncias y testimonios sobre detenciones ilegales, fusilamientos, enterramientos clandestinos y torturas, entre otros delitos de lesa humanidad, y si bien aún no fue juzgado, desde el 2018 figura en el listado de centros clandestinos que el Estado Nacional reconoce en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.
El pedido surge luego de que unos 50 policías allanaran el predio, supuestamente en búsqueda de seis cerdos, operativo que dio negativo y que nunca tuvo una explicación oficial.
En este espacio desde hace dos años la organización social Trabajadores Unidos por la Tierra desarrolla proyectos de agroecología y buen vivir, a la par que recupera la historia del lugar.
Este hecho policial fue percibido por los vecinos como una intimidación a quienes trabajan en el predio con autorización del Estado Nacional, y sostuvieron el ampuloso procedimiento, que por supuesto dio negativo, no hizo más que acentuar la vulnerabilidad de los trabajadores que realizan allí sus tareas diarias en pos de un plato de comida”, pidiendo el inmediato relevamiento, señalización y medidas de cuidado del ex Grupo de Artillería 141.
