Sin avances en el tratamiento de una nueva ley que modifique la actual normativa que regula los contratos de alquiler de inmuebles en el país, desde la agrupación Inquilinos Córdoba denunciaron situaciones de abuso por parte de los locatarios. Advirtieron que quienes alquilan se encuentran con contratos ilegales, que violan la permanencia mínima y los aumentos establecidos.
Pese al impulso que se le dio al debate de una reforma de la ley de Alquileres en marzo pasado con un plazo de 30 días, hoy los proyectos están congelados y sin vistas de avances en el corto plazo dentro de las comisiones de Diputados.
Maximiliano Vittar, referente de Inquilinos Córdoba, afirmó que se han multiplicado “los contratos que violan el plazo mínimo y que tienen ajustes semestrales peores a los que plantea la actual ley”. Y aseguró, en diálogo con el programa “Es por Acá” de la FM 102.3, que esto se debe a especulación generada por la zona gris que se creó ante posibles cambios en la Ley de Alquileres.
Si bien ya pasaron tres semanas desde el comienzo de las exposiciones de cámaras empresarias y agrupaciones de inquilinos, los proyectos del oficialismo y la oposición no encontraron puntos de acuerdo.
Las discusiones se concentran en dos artículos de la ley sancionada en 2020 que apuntan al plazo mínimo de tres años y a la actualización anual en base al promedio del índice inflacionario y de salarios del Banco Central.
El dictamen de mayoría que impulsa el Frente de Todos no modifica estos artículos y, en cambio, suma incentivos fiscales a los propietarios que aumentan la oferta, cuya retracción es el principal reclamo de las inmobiliarias. Acerca de esto, Vittar dijo que la retracción no se debió a la ley sino a las devaluaciones durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri y a los congelamientos de alquileres en la pandemia.
El cambio que introdujo el oficialismo hizo que la comisión de Hacienda pida el giro del proyecto para su discusión y tornó aún más lejana la posibilidad de un tratamiento en el recinto donde no cuenta con los votos para la aprobación.
Por otra parte, el dictamen de Juntos por el Cambio sostiene que los contratos sean por dos años, con una actualización semestral librada al acuerdo de las partes. La tercera iniciativa es la del Interbloque Federal, que sostiene Graciela Camaño, cuyo planteo es el retorno a contratos por dos años y una actualización con un tope por inflación.
