Un juez de Paz de la localidad cordobesa de San Francisco del Chañar fue destituido por «mal desempeño de sus funciones» tras ser denunciado por «maniobras fraudulentas», entre ellas, haberse apoderado de haberes de jubilados internados en un centro de salud, informaron hoy fuentes del Poder Judicial local.
Se trata de Gustavo Orona, quien fue destituido por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), la máxima instancia judicial provincial, que consideró «acreditado que el juez de Paz hizo suscribir poderes generales y especiales a un grupo de adultos mayores», alojados en un hospital, que lo habilitaban, entre otras cosas, a «cobrar sus jubilaciones y percibir otras sumas de dinero».
Algunos de esos instrumentos legales el magistrado los firmaba en calidad de fedatario (funcionario con autoridad para certificar la autenticidad de las documentaciones), que lo autorizaba a percibir esos haberes ajenos, detalla la información oficial.
Los hechos fraudulentos comenzaron en enero de 2019, en esa localidad del departamento Sobremonte, y tuvieron como víctimas a media docena de personas jubiladas que estaban alojadas en el hospital Dr. José. J. Puente, de la población de San Francisco del Chañar.
A los damnificados, todos adultos mayores, el juez de Paz les hizo firmar poderes que lo facultaban como apoderado para percibir sus ingresos jubilatorios y disponer de los destinos de todos los bienes, como enajenarlos, comprar, ventar, gestionar créditos y manejar cuentas bancarias, entre otras gestiones, se informó.
El ahora ex juez de Paz Orona está imputado por el delito de «defraudación agravada por circunvención de incapaces reiterada» (abusar de las necesidades o inexperiencia de un incapaz), causa que está a cargo del Juzgado de Control y Faltas de Deán Funes, que además investiga presuntas maniobras con compra y ventas irregulares de bienes materiales.
Los miembros del TSJ también mencionaron que «la conducta desplegada por Gustavo Orona tuvo repercusión en diversos medios periodísticos, comprometiendo así la imagen y prestigio de este Poder Judicial».
En ese sentido, consideraron que «el rol que ocupa el Juez de Paz en la sociedad le exige mantener una actitud responsable, decorosa y digna de su condición, lo cual no parece haber sucedido con Orona al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los adultos mayores».
