La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó con más de dos tercios de los votos una ley que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y elimina las restricciones vigentes desde 2020, en un contexto de fuerte conflictividad social y bloqueos de carreteras que mantienen al país en tensión desde hace más de tres semanas.
La norma deroga la Ley 1341, conocida como Ley Copa, y ya fue enviada al Ejecutivo, donde el presidente Rodrigo Paz la promulgó y la publicó en la Gaceta Oficial, abriendo así la posibilidad de recurrir a un eventual estado de excepción, aunque su aplicación no es automática y dependerá de la evolución del escenario político y social.
El cambio legislativo implica una modificación sustancial del marco legal vigente, ya que la norma anterior limitaba la actuación militar en protestas y establecía condiciones estrictas, como la intervención solo cuando la Policía fuese superada y con plazos acotados.
Con la nueva legislación, el Gobierno sostiene que se amplía la capacidad del Estado para responder a situaciones de disturbios prolongados y bloqueos que afectan el abastecimiento de bienes esenciales, especialmente alimentos, combustibles e insumos médicos en regiones como La Paz, El Alto, Oruro y Potosí.
La medida se da en medio de una crisis social y política en escalada, con protestas que ya llevan más de 22 días consecutivos y que incluyen bloqueos en decenas de rutas estratégicas en todo el país. Según datos oficiales, llegaron a registrarse más de 70 puntos de bloqueo activos.
Las movilizaciones están impulsadas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB), además de grupos afines al ex mandatario Evo Morales, quienes mantienen la presión con marchas y cortes de ruta que exigen la renuncia del presidente.
En paralelo, el Ejecutivo intenta sostener canales de diálogo con distintos sectores políticos y sociales para descomprimir el conflicto. El Gobierno reiteró que la declaración de un estado de excepción es la “última opción” dentro del marco constitucional, aunque reconoció que la situación es crítica por el impacto directo en el abastecimiento y la movilidad.
Mientras tanto, las protestas continúan en ciudades clave como La Paz y El Alto, donde la combinación de bloqueos urbanos y carreteros genera serias dificultades en el transporte diario de la población.
La crisis también comienza a reflejarse en el plano humanitario y económico: hospitales reportan problemas para recibir oxígeno medicinal y otros insumos esenciales, mientras mercados y estaciones de servicio enfrentan faltantes intermitentes. A esto se suma el deterioro de la circulación interna, con miles de personas afectadas por la interrupción del transporte terrestre y largas filas para acceder a servicios básicos.
En este contexto, la promulgación de la ley que amplía la intervención de las Fuerzas Armadas profundiza el debate político en Bolivia, donde sectores opositores advierten sobre un posible aumento de la militarización del conflicto social, mientras el oficialismo insiste en que se trata de una herramienta excepcional para restablecer el orden.
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