En un sorprendente desarrollo, el fiscal Guillermo González del Distrito 1 Turno 2, anunció este miércoles que no se descartan nuevas imputaciones y detenciones relacionadas con el escándalo por la emisión de certificados falsos de bomberos utilizados para la habilitación de comercios y negocios en Córdoba.
La actividad ilícita revelada generó un gran revuelo desde que salió a la luz ayer, desenmascarando una red ilegal en torno a la obtención de habilitaciones municipales para locales comerciales.
Numerosos comercios, algunos de ellos muy conocidos en la ciudad, se vieron afectados por una serie de allanamientos realizados en la víspera, al igual que la propia sede de Bomberos. Entre los lugares allanados se encuentran supermercados Cordiez, Mariano Max, Merca Max, la concesionaria Auto House, un consultorio médico, un establecimiento deportivo Garden Paddle y el local Mega Servicios, entre otros.
La investigación se encuentra en una etapa inicial, y desde la fiscalía se destacó la urgencia de esta acción debido a la posibilidad de tragedias, recordando el desastre ocurrido en el boliche Cromañón en el pasado, que también tenía habilitación basada en certificados de bomberos fraudulentos.
Pablo Bazán, asistente del fiscal que lleva adelante la investigación declaró hoy que «se realizaron 14 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Villa de los Paz y Monte Cristo, resultando en la detención de siete personas bajo cargos de asociación ilícita. Entre los detenidos se encuentran profesionales especializados en higiene y seguridad, así como ex y actuales miembros del cuerpo de bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba”.
A su vez, agregó que “según la evidencia preliminar recopilada hasta el momento, estas personas habrían formado parte de una organización delictiva dedicada a la falsificación de certificados de habilitación de bomberos, un requisito fundamental para obtener la habilitación municipal de establecimientos comerciales».
Aunque aún queda mucho por investigar, la evidencia recopilada hasta ahora parece ser sólida. Las escuchas telefónicas revelaron conversaciones en las que se hace referencia a sumas de dinero que indicarían que los integrantes de la banda cobraban entre $ 100.000 y $ 500.000 cada certificado trucho.
Además de los allanamientos, se incautó documentación relevante en las dependencias de bomberos y en los hogares de las personas arrestadas. El fiscal González señaló que esta documentación podría ser fundamental para la investigación en curso.
Existe la fuerte sospecha de que hay una complicidad de funcionarios municipales en estos actos, así como sobre si los propietarios de los comercios estaban al tanto de la autenticidad de los certificados que utilizaron para la habilitación de sus locales.
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La complejidad del caso sugiere que esta investigación estaría lejos de llegar a su fin. En consecuencia, no se descarta la posibilidad de que surjan más imputaciones y detenciones en el futuro.
