El Gobierno Nacional oficializó esta semana una modificación estructural en la política de control de tabaco en Argentina. Mediante la Resolución Nº 549/2026 del Ministerio de Salud y la Disposición Nº 2543/2026 de la ANMAT, se levantó la prohibición que pesaba sobre la importación, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado (PTC), medidas que estaban vigentes desde los años 2011 y 2023 respectivamente.
La nueva normativa establece la creación del Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), bajo el cual estos dispositivos podrán ser registrados para su venta legal en el mercado interno. Si bien la resolución mantiene la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de estos artículos —en línea con la Ley Nacional de Control de Tabaco Nº 26.687—, el cambio de paradigma supone pasar de un modelo de restricción por precaución sanitaria a uno de habilitación comercial regulada.
Entre los argumentos del Ejecutivo se menciona que las prohibiciones previas no fueron efectivas para frenar el mercado informal y que el consumo, especialmente en jóvenes, ha seguido aumentando a pesar de las restricciones. Por ello, se propone un sistema de vigilancia epidemiológica para monitorear los componentes y el uso de estos dispositivos en el país.
Un «apuesta de riesgo» para la salud pública
Pese a la justificación oficial, desde sectores de la sociedad civil y organismos de salud han expresado una profunda preocupación, calificando la medida como un «retroceso» en materia de derechos sanitarios. Consultada por Hoy Día Córdoba, María Laura Fons, referente de la organización Fundeps y autora de un reciente informe técnico sobre el tema, fue tajante al señalar las consecuencias negativas de esta apertura de mercado.
«Pasar de un modelo de prohibición basado en el principio precautorio a uno de habilitación comercial, en un contexto de prevalencia creciente del consumo entre adolescentes, es una apuesta de altísimo riesgo sanitario y un claro retroceso en la protección de las infancias«, afirmó Fons. Para la especialista, la apertura del mercado no resuelve el problema de fondo, sino que lo traslada a un escenario de mayor exposición para los menores de edad.
Fons también cuestionó la capacidad del Estado para controlar este nuevo mercado legalizado: «¿Cómo podrán fiscalizar ahora lo que no pudieron fiscalizar antes? El problema que Argentina enfrenta no es de diseño normativo, sino de capacidad de aplicación, y ese problema no se resuelve abriendo el mercado, sino invirtiendo en fiscalización», explicó.
Finalmente, la especialista advirtió sobre el impacto visual y cultural de esta decisión. «Las nuevas disposiciones exponen a las infancias y adolescencias a que estos productos invadan los comercios, los kioscos y la vía pública», concluyó, enfatizando que la evidencia científica acumulada hasta la fecha confirma que estos dispositivos son dañinos, generan una dependencia severa y funcionan como una puerta de entrada al tabaquismo convencional.
En la misma línea, el doctor Gabriel Oscar Fernández, especialista en Clínica Médica, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional y miembro del Comité Antitabaco de la Asociación Médica Argentina, advirtió sobre el peso que históricamente han tenido las industrias tabacaleras en las políticas públicas y remarcó que “científicamente y académicamente la nicotina produce daño a la salud”.
Fernández señaló que desde hace años distintas sociedades científicas impulsan medidas alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, aunque aseguró que “los gobiernos nunca han escuchado” esos planteos. “La lucha contra las tabacaleras es muy grande. Las empresas saben perfectamente las consecuencias que trae la nicotina y, aun así, siguen trabajando para aumentar el consumo”, sostuvo.
El profesional también alertó sobre las nuevas estrategias de comercialización orientadas a captar consumidores jóvenes. “Ahora ya no es solamente el cigarrillo tradicional. Hay nuevas formas, como las bolsitas de nicotina que se colocan en la boca, que generan una sensación agradable, pero son altamente adictivas”, explicó. Según indicó, estas modalidades buscan “que el niño comience a consumir nicotina desde chico” para garantizar “adictos del futuro”.
Además, Fernández remarcó el impacto sanitario que estas sustancias pueden tener en adolescentes y mujeres embarazadas. “La nicotina afecta al niño por nacer y está vinculada con múltiples enfermedades. Desde la ciencia seguimos trabajando en la prevención, promoviendo hábitos saludables y eliminando factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras drogas”, concluyó.
Brote de hantavirus: el aporte de un especialista para la prevención
La verdad no entiendo este tipo de noticias, porque solo repiten lo que crea mas sensacionalismo.
Yo soy vapeador desde hace 15 años y lo tome como una alternativa mas sana (no inocua) a los 40 cigarrillos que fumaba por día. Solo hablan de supuestos pero no presentan pruebas de lo que dicen, yo como vapeador les ofrezco una radiografia de mis pulmones para que vean. Es todo negocio lo tratan de cubrir con este tipo de nociticias.
Lo cierto es que si los menores vapean y tambien fuman, eso paso siempre, yo empece a fumar a los 13 años sacando cigrarrillos a mi madre. No cambiaron los problemas si no las herramientas, pero el vapeo es un 90% menos dañino que el cigarrillo, pero los menores no deben fumar ni vapear.
Los dispositivos de vapeo son caros y requieren conocimiento y mantenimiento, que se prohiban los pods cargados es esperctacular para controlar que los menores accedan, pero tambien faltó el control de los entes responsables, si estaba prohibido porque se veian en vidrieras de algunos kioskos estos pods? y esto hablando de 5 cuadras donde se encuentra el ANMAT en Cordoba. Ademas se siguen viendo menores fumando, y el vapeador no es una herramientas de las tabacaleras para tener mas clientes, es lo contrario, ademas el vapeador fue diseñado en 1963 por Gilbert como un dispositivo para administrar medicamentos por via respiratoria.